Sobre desalojos y derecho de propiedad

A comienzos del mes pasado, un conjunto de viviendas sociales en Concepción que estaba listo para ser entregado a un par de cientos de familias que habían esperado años por ello, fue violentamente invadido por personas que exigían el derecho a ocuparlo, pues se encontraba vacío por retrasos de tipo burocrático. En una medida para muchos inesperada, las autoridades de Vivienda e Interior ordenaron el inmediato desalojo de esa ocupación ilegal -que además resultó en daños y robos en esas propiedades-, que fue prontamente llevado a cabo por Carabineros, para cautelar tanto el orden público como el derecho de los propietarios legales.

Problemáticas tan graves como el déficit habitacional no pueden justificar la ilegalidad ni la impunidad de quienes incurren en ella.

Si bien esa toma violenta y masiva fue un caso atípico, existen numerosos ejemplos de ocupación ilegal de terrenos públicos y privados en distintas zonas del país y por diversas causas; desde la invasión de predios alegando reivindicaciones indígenas y supuestos derechos ancestrales en La Araucanía, a la realidad de numerosos campamentos -algunos de larga data- en zonas urbanas o semiurbanas, reflejo de carencias estructurales en materia de acceso a la vivienda.

Abordarlos todos bajo el mismo prisma sería equivocado, y probablemente injusto. Aun así, es destacable que el 81% de los expertos del Panel de Políticas Públicas de la UC -en un sondeo realizado por Tele13 Radio y Diario Financiero- apoyara la idea de que “en situación de ocupación ilegal de propiedad privada debieran aumentarse las penas y hacerse expedita la acción de desalojo”.

Ello refleja un consenso importante, en un grupo de profesionales de distintas sensibilidades políticas, en cuanto a que problemáticas tan graves como el conocido déficit habitacional -que ronda las 650 mil viviendas- no pueden justificar la ilegalidad ni la impunidad de quienes incurren en ella. El Congreso, justamente, discute un proyecto de ley en ese sentido.

Esto de ningún modo puede significar que se criminalice la precariedad económica, lo cual sería inaceptable. Más bien, el Estado debe conciliar su obligación de tener una política de vivienda social eficaz -que no ocurre en la actualidad-, con la de hacer respetar la ley y los derechos de propiedad.